PARA NO PERDER LA MEMORIA HISTÓRICA
Once años después, Jineth Bedoya se reunió con uno de sus victimarios
El Tiempo - Por: JINETH BEDOYA LIMA <UrlBlockedError.aspx> | 8:44 p.m. <UrlBlockedError.aspx> | 08 de Octubre del 2011<UrlBlockedError.aspx>
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El 5 de mayo, la periodista Jineth Bedoya entrevistó al ex 'para' Mario Jaimes en la cárcel.
Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En mayo del 2000, el ex 'para' Mario Jaimes citó a la periodista a la cárcel donde fue secuestrada.
El 5 de junio del 2000, 11 días después del secuestro, tortura y abuso sexual del que fui víctima, me prometí que no abandonaría el periodismo, pero que tampoco descansaría hasta encontrar la verdad.
Después de 11 años, esas primeras luces de verdad llegaron a mi teléfono, en la sala de redacción de EL TIEMPO. La última semana de abril, una llamada del ex paramilitar Mario Jaimes, conocido como 'el Panadero', me revivió el horror. Este hombre, que en abril del 2000 me mandó a buscar con el fin de que le hiciera una entrevista para el diario El Espectador, donde trabajaba en esa época, me ubicó nuevamente para "contarme" su versión.
En ese año, la cita que acordé con su jefe de seguridad terminó en un secuestro que partió mi vida en dos. 'El Panadero' argumentó que ahora quería darme una entrevista para "aclarar el pasado" y accedí a visitarlo, por segunda vez, en medio de un dilema ético y emocional que discutí con mis jefes.
Era la víctima frente al victimario. O era la periodista frente a un delincuente más. En 15 años de ejercicio periodístico he hecho todo tipo de entrevistas: narcos, guerrilleros, sicarios, paramilitares, homicidas. A todos les he preguntado por la historia de otro, el drama de víctimas anónimas; ahora era Jineth frente al drama de Jineth.
La mañana del pasado 5 de mayo, acompañada de un reportero gráfico del diario, llegué hasta la cárcel La Modelo de Bucaramanga, a cumplir esa cita que nunca se concretó. Una entrevista que pacté 11 años atrás ingenuamente y por la que casi muero.
Es imposible describir todas las sensaciones y sentimientos que tuve desde el momento en que pisé la puerta de la cárcel, hasta que estreché la mano del 'Panadero'. Me saludó como si fuéramos viejos amigos. Antes de permitir que lo grabara me dio diversas explicaciones sobre los hechos. Al final, esta fue la entrevista:
¿Qué responsabilidad tiene usted en los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000, cuando fui secuestrada en la puerta de la cárcel La Modelo de Bogotá?
No tengo ninguna responsabilidad. Ese día me encontraba arreglando una celda y después supe por los medios de comunicación que usted me había señalado como el hombre que le había puesto una cita. A los dos o tres días subí (al pabellón de alta seguridad) y hablé con Miguel Arroyave, que era compadre mío en ese entonces, y con Ángel Gaitán Mahecha y les dije que le iba a colocar una demanda a usted por calumnia.
¿Y ellos qué le contestaron?
Me llamaron y me dijeron que no, que dejara quieto eso y que no me metiera en nada que tuviera que ver con usted.
¿Por qué?
Porque ellos habían mandado a hacerle eso a usted porque estaba investigando cosas de La Modelo: quiénes entraban, implicaciones de militares, de policías, y guardias en algunas cosas. Por eso le mandaron a hacer eso a usted. Entonces yo me quedé quieto.
Inclusive yo llamé a una periodista (Astrid Legarda) para que yo pudiera hablar por un medio y dijera la verdad: que no tenía nada que ver en ese caso. En lo que le pasó yo fui víctima, porque me están juzgando de un accidente, de un delito del que nunca ni participé ni tuve nada que ver.
La noche anterior al secuestro, un hombre que se identificó como su jefe de seguridad, con el nombre de Ramiro, me puso una cita a nombre suyo para entrevistarlo...
Él no es mi jefe de seguridad. Mi jefe de seguridad se llama Mateo y está muerto. Él era el que cargaba los dos fusiles y cinco pistolas con otros cinco muchachos. Ese era el de la seguridad mía. Yo estaba recién capturado, tenía a mi patrón vivo y tenía poder en ese tiempo.
¿Entonces por qué resulta implicado?
Salgo implicado porque usted me menciona. Porque las personas que la detuvieron decían que iban en nombre del 'Panadero'. Pero en el tiempo que yo dirigí, nunca jamás en la vida se manda a cometer un delito o a asesinar a alguien y se dice de parte de quién va. En ese momento yo no sabía de dónde venía lo que le pasó. Supe después cuando me reuní con Miguel Arroyave y Ángel Mahecha y ellos me dijeron qué había pasado.
Pero tenía que haber un motivo para que lo implicaran...
No sé, el único que andaba pendiente de mí era mi jefe de seguridad Mateo Hurtado, alias '80'. Ese era el que andaba conmigo y fue capturado conmigo. Era el que andaba en la calle conmigo para todo lado y cuando me capturaron era el que andaba pendiente de la seguridad mía en La Modelo de Bogotá. Pero de resto no había nadie más.
¿Conoce a otro implicado en mi secuestro aparte de Miguel Arroyave y Gaitán Mahecha?
No sé. A usted la dejaron en Villavo, entonces debe haber gente también de por allá de Villavo. De todas maneras, hasta ellos (Arroyave y Mahecha) venía gente del bloque Capital y del bloque Centauros para hablar con Miguel Arroyave, que era el que mandaba. No sé de dónde vendrá eso. Lo que yo le diga a usted, lo digo en Justicia y Paz.
¿Dentro de esos hechos va a confesar el capítulo de cómo entraban armas a La Modelo y quiénes ayudaban?
En las partes que tengo conocimiento sí lo voy a decir, como le acabé de contar. Lo que le mandaron a hacer a usted fue por eso, porque usted andaba investigando cómo entraban los armamentos; que la Policía estaba colaborando en la entrada de armamento... esas cosas que sé, se las voy a decir a Justicia y Paz. Lo que sé. Lo que no sepa, no puedo, porque en la Ley de Justicia y Paz se trata de la verdad que pueda afirmar el postulado.
Usted nunca quiso hablar conmigo, ¿por qué me busca después de 11 años para contarme todo esto?
Porque antes de llegar a Justicia y Paz quería hablar con usted. Lo hecho en Justicia y Paz viene por etapas. Ya pasé y anuncié delitos. En el 2008 conté unos delitos que cometí, incluyendo las peleas y masacres que ocurrieron en La Modelo de Bogotá, en esa época. Eso ya lo anuncié. No hemos llegado a la última etapa, pero ya anuncié lo de Barrancabermeja, hablé de la masacre de Barranca, impliqué militares, Fuerza Pública, y no me tembló la lengua para decir la verdad. Ahora estoy esperando aclarar los hechos de la guerrilla y los hechos de La Modelo, entre esos el suyo.
¿Quiere agregar algo más?
De todas maneras nosotros somos de las autodefensas. No tengo nada que ver en este accidente suyo, pero de todas maneras le pido perdón. Y espero que algún día usted pueda perdonar a los que le cometieron este accidente y me perdone a mí, que no tengo nada que ver.
Pocos avances
El caso sigue en instrucción
Solo 11 años después, el proceso judicial por el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya pasó de etapa preliminar a etapa de instrucción. En diferentes testimonios, que hacen parte de la reserva sumarial, Mario Jaimes, 'el Panadero', ha sido relacionado en el proceso como cómplice de los hechos; y otras personas han sido mencionadas. Desde mayo pasado, el CTI de la Fiscalía retomó la investigación y el fiscal que tuvo el proceso por 11 años, sin resultado alguno, fue cambiado hace un mes.
'El 'Panadero' no cumplió'
¿Por qué la periodista decide publicar la entrevista?
"Mario Jaimes me entregó una verdad fragmentada, en la que salvó su responsabilidad. Cinco meses después decidí publicar la entrevista porque nada de lo que dijo lo cumplió. Dice que declarará en Justicia y Paz solo si le permiten entrar alimentos crudos a la cárcel para preparar su comida, porque lo quieren envenenar. En las peticiones hechas al Inpec exige 10 libras de carne diarias".
Decisión: Razones para una publicación
Pocas veces un medio de comunicación se ve ante la decisión de publicar la entrevista de una víctima -en este caso uno de sus periodistas- con la persona que es señalada de ser su victimario. Después de varios meses de una profunda reflexión ética, que tuvo como punto de partida la opinión de Jineth Bedoya, EL TIEMPO presenta la versión que sobre esos hechos entrega 'el Panadero'. Esta entrevista refleja el profesionalismo de una periodista que por más de una década ha contado las historias más devastadoras del conflicto en Colombia y que tiene el valor de enfrentar, desde su oficio, la suya propia. EL TIEMPO considera que esta versión debe ser conocida por la opinión pública y que puede ayudar a encontrar la verdad.
JINETH BEDOYA LIMA
SUBEDITORA DE JUSTICIA
El Espectador
La versión de un capitán del Ejército sobre su paso por Córdoba
Confesiones siniestras
Por: Redacción Judicial
Oficial detenido reveló cómo operaban las unidades del Gaula de Córdoba para ‘legalizar’ decenas de falsos positivos. Su versión es valorada hoy por fiscales de derechos humanos.
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Según el testimonio que le entregó a la justicia el oficial, la Fuerza Pública cometió toda clase de crímenes en el departamento de Córdoba./Archivo
El capitán Antonio Rozo Valbuena, experto en combate y operaciones contraguerrilla, instructor de las fuerzas especiales y unidades élite del Ejército, le confesó a la Fiscalía toda la violencia, no que evitó, sino de la cual fue protagonista como uno de los oficiales del Gaula de Córdoba entre 2006 y 2007. Una escandalosa declaración que con todo detalle revela cómo operaba esa unidad, los dineros y felicitaciones que recibía y cómo ‘legalizaba’ la estela de crímenes para mostrar resultados en una de las zonas más conflictivas de Colombia.
En febrero de 2006 se creó el Gaula Córdoba, que tenía jurisdicción en 41 municipios de Córdoba y Antioquia. Fue la respuesta del gobierno a la ola de secuestros y extorsiones de las autodefensas y la guerrilla. El capitán Rozo fue designado allí como comandante de la unidad operativa y pronto entró en ese círculo de asesinatos, porque “entre más muertos reportara una unidad, mejor se iba a ver calificada e iba a permitir que los comandantes tuvieran viajes al exterior o estímulos para sus subalternos”.
Lo primero que confesó Rozo fue que en marzo de 2006, mientras el presidente Álvaro Uribe descansaba en una finca cerca del municipio de Sabanal y el Gaula custodiaba la región, con el ánimo de sobresalir fueron ejecutadas cinco personas por orden del comandante de ese grupo, mayor Óscar Alberto Acuña, investigado por falsos positivos. Luego seguirían otras muertes que le costaron a ese Gaula las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos que llegaron a oídos de la embajada de Estados Unidos, la cual de inmediato restringió su ayuda en armas.
Rozo relató que si no daban bajas, sencillamente los relevaban de sus cargos, que jurídicamente ‘amarraban’ bien los casos para que la Justicia Penal Militar les archivara las investigaciones y solicitó que se investigara a un general de la República, de quien dijo que cuando comandaba la brigada se cometieron muchos falsos positivos, porque necesitaba mostrar estadísticas para ser llamado a curso de general y, según Rozo, dicha distinción era evaluada por los éxitos operacionales. Este diario se abstiene de publicar el nombre del general para no afectar el proceso.
El testigo narró otros episodios particulares como lo ocurrido en El Bagre (Antioquia), jurisdicción que tenía al mando un oficial de apellido Ramírez, que había sido encargado de cuidar unas dragas para la explotación de petróleo. “Misteriosamente le dieron una medalla al mérito por orden público porque ese año él hizo demasiados resultados”, señaló Rozo, al afirmar que el batallón del mencionado oficial reportó 54 bajas en combate ese año. Muchos casos de falsos positivos se los atribuyó a la Brigada 11 en Córdoba.
“Cuando un soldado se allana a cargos y dice ‘sí, yo lo hice, yo lo maté, mi coronel no tenía conocimiento’, eso es mentira. Para hacer un falso positivo se necesita un tren logístico y una capacidad intelectual bastante amplia para poder maquinar y amarrar bien el procedimiento”, dijo Rozo, y añadió que es inaudito pensar que un soldado regular, cuya máxima bonificación es de $86.000, compre una pistola en el mercado negro que cuesta $700.000, o que va a dar dinero para traer víctimas desde otros departamentos, como ocurrió en el caso de Soacha. “Somos los oficiales los que hacemos eso, porque uno tiene un entrenamiento y la capacidad intelectual y ha recibido cursos que dio la misma Fiscalía”.
Añadió que la clave para evadir la mano de la justicia era idear la forma para eximirse de las responsabilidades, “presentando el delito como actos típicos del ejercicio y con armas para defender la soberanía”. Después, contó Rozo, muchos extorsionistas fueron asesinados porque la orden era simple: “No me reporte nada sino bajas”. De acuerdo con el militar, un detective del DAS con funciones de policía judicial (es decir, cuya labor era recolectar pruebas), junto con otro investigador que hoy trabaja en la unidad de derechos humanos de Montería, ‘legalizaba’ esos resultados.
“Están condenando a los más idiotas. No busquen aquí, busquen arriba”, refirió Rozo para explicar que la justicia debe ocuparse de las responsabilidades de los oficiales que daban las órdenes a los soldados, y recordó que el Batallón Rifles tuvo nexos con bandas criminales e influencia de los paramilitares de Macaco y Cuco Vanoy en Caucasia y Tarazá. En Pueblo Nuevo, Cereté, Cuturú, Tierralta y Chinú, los hombres bajo su mando ‘legalizaron’ falsos positivos, algunos de los cuales habrían sido cometidos por bandas criminales.
Por último, mencionó la participación de varios altos oficiales cuyos nombres se reserva El Espectador; cómo éstos entregaban armas, coordinaban la logística, repartían dinero y en coordinación con otros agentes del Estado simulaban combates, acomodaban las escenas de los crímenes, plantaban armas a las víctimas y cobraban los méritos y las recompensas. Incluso, sugirió que algunos de ellos tendrían nexos con grupos de narcotráfico y que se habrían cometido peculados al destinar dineros de gastos reservados para construir cabañas.
También señaló que muchas de las investigaciones por estas muertes no tenían mayores avances en la Justicia Penal Militar y que, mientras hay muchos soldados o militares de bajo rango condenados o enfrentando juicios por estos episodios, la mayoría de los uniformados que dieron las órdenes siguen pasando de agache. En síntesis, esbozó una horrenda radiografía de barbarie en el Gaula de Córdoba. Hoy su testimonio está siendo valorado por un fiscal de derechos humanos que investiga toda la suerte de atrocidades que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública cometieron en busca de beneficios y medallas.
Aun cuando Colombia parece ya anestesiada por las denuncias y expedientes de los mal llamados falsos positivos, la confesión del capitán Antonio Rozo Valbuena, quien incluso hizo dos especializaciones en derechos humanos en Estados Unidos, fue tan escabrosa que la justicia apenas comienza a procesar su ventilador. Un testimonio cuyo valor principal reside en que quedó al descubierto, como él dijo, el modus operandi de todos estos crímenes.
El récord militar del capitán Antonio Rozo
Según su hoja de vida, el capitán Antonio Rozo Valbuena cursó derecho y administración de empresas, con especialización en la Escuela de Ingenieros y varios diplomados con la Fiscalía durante el año 2006. Además, hizo especializaciones en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Estados Unidos, al punto de ser instructor.
“Dentro del campo militar desarrollé todos los cursos de combate, entre ellos lancero y contraguerrilla. Soy instructor de fuerzas especiales, creé y me entrené con las unidades del Ejército que tantos resultados han dado en los últimos años. En el año 2005, como estímulo por mi desempeño, me mandaron a descansar a esta llamada unidad Gaula Córdoba, de la que fui integrante durante los años 2006 y 2007”.
Actualmente, junto con otro oficial, el mayor Julio César Parga, busca beneficios por colaboración confesando todo cuanto sabe de las irregularidades y los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública con los que trabajó en el departamento de Córdoba. El próximo 5 de diciembre cumplirá 31 años.
Tres años de escándalos
En septiembre de 2008, un cruce de datos entre Medicina Legal y la Fiscalía fue el primer paso en dirección a descubrir que en las Fuerzas Militares, desde hacía varios años, se venía cometiendo la escalofriante prática de asesinar a un civil y, posteriormente, presentarlo como muerto en combate.
El escándalo de Soacha, como se le conoció, provocó que varios altos oficiales, entre ellos el general (r) Mario Montoya —comandante del Ejército—, se retiraran de sus cargos. La ONU ha manifestado que esta práctica fue sistemática por un largo tiempo, pero ha reconocido asimismo los esfuerzos del Gobierno colombiano para acabar por completo con estas irregularidades.
Semana
Miami por cárcel
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Como se observa, el coronel Hernán Orozco Castro se desempeña como oficial de seguridad en un exclusivo condominio de Miami.

La masacre de Mapiripán es una de las más vergonzosas de las tantas que se han dado en Colombia. Carlos Castaño quería extender su macabro imperio al sur del país. Y para eso, el 12 de julio de 1997, partieron de Urabá dos aviones con unos ochenta paramilitares -con armas de fuego largas y cortas, y machetes-, sobrevolaron medio país hasta que aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde operaba la base antinarcóticos de la Policía. Otro grupo de paras se les sumó y todos emprendieron camino hacia Mapiripán.
Allí, durante cinco días con sus noches, tuvo lugar una carnicería: 49 personas fueron asesinadas con horrorosos métodos. Ninguna autoridad hizo nada, incluido el coronel Hernán Orozco Castro, quien cohonestó con los criminales. Ahora la noticia es que, desde hace nueve años, vive en Estados Unidos, a pesar de los fallos que en su contra ha proferido la justicia colombiana en varias instancias.

La investigación por la masacre pasó en 2001 de la justicia militar a la ordinaria. Esta procesó, entre estos, a tres altos oficiales del Ejército: el general Jaime Humberto Uscátegui, comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio; el coronel Lino Sánchez, al frente de la Brigada Móvil 2, y Hernán Orozco, comandante del Batallón Joaquín París. Los dos últimos destacamentos estaban instalados en inmediaciones de San José del Guaviare.

Sánchez fue sentenciado a 40 años de cárcel y murió en 2006 mientras purgaba esa condena. Uscátegui y Orozco, por su parte, han tenido un proceso unificado. La primera decisión se dio en 2007, cuando el juzgado noveno especializado de Bogotá absolvió a Uscátegui y condenó a 40 años de cárcel a Orozco como "autor responsable de omisión" por los hechos de Mapiripán. El caso fue apelado y pasó al Tribunal Superior de Bogotá, que en 2009 confirmó la sentencia y decidió también condenar a 40 años a Uscátegui. El general está recluido desde entonces en las casas fiscales del Cantón Norte, mientras espera el veredicto de la Corte Suprema a la que acudió en casación.

Mejor suerte ha corrido Orozco. En el expediente está documentado que el Batallón Joaquín París que comandaba el oficial controlaba el aeropuerto donde aterrizaron los dos aviones, así como los puntos de vigilancia del Ejército en las vías terrestres y fluviales de la zona. Sin embargo, Orozco no ordenó controles y, por el contrario, envió en varios viajes en helicóptero a un centenar de sus efectivos a otros lugares, facilitando la movilización del comando criminal hacia Mapiripán.

A pesar de que la Fiscalía ordenó capturar a Orozco el 30 de julio de 2003, no ha ido a la cárcel. Tras declarar contra el general Uscátegui (sostuvo que envió a la Brigada un fax para avisar la llegada de los paras en vísperas de la masacre) el coronel solicitó medidas de protección. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ayudó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así logró salir a Estados Unidos en enero de 2003, cuando ya estaba sindicado por Mapiripán.

Desde entonces, jueces y fiscales han formulado sin éxito requerimientos para que comparezca. Cuando fue condenado a 40 años de cárcel, el juez ordenó en su sentencia "adelantar los trámites para hacer que Hernán Orozco regrese al país y cumpla con la sanción". Esa decisión fue confirmada, dos años después, por el Tribunal Superior de Bogotá.

Orozco, desde la distancia, también interpuso casación y su expediente pasó a la Corte Suprema, que está estudiando si lo admite. En el material en poder del máximo tribunal hay una prueba que deja mal parado a Orozco. Se trata de una grabación certificada como auténtica por la unidad de acústica forense de la Policía y trasladada al expediente de Mapiripán. Allí, Orozco se refiere a sus gestiones para salir de Colombia: "La idea mía de que me contactaran con ellos (se refiere al Colectivo de abogados) fue porque me descongelaran mi trámite para salir del país. Y (...) me lo descongelaron y ya me tienen al otro lado, o sea, esa fue la intención mía, pero obviamente que ellos pues aprovecharon de que (sic) uno es militar y todo pegadito de la ayuda pues vienen los favores, ¿no?".

En septiembre de 2006, el entonces senador Gustavo Petro hizo un debate en el Congreso y -basado en la respuesta del ministro de Defensa Juan Manuel Santos- puso en blanco y negro la responsabilidad de Uscátegui y Orozco. Sostuvo que la Brigada VII al mando del primero no tenía en su jurisdicción a Mapiripán ni mando sobre el Joaquín París, comandado por el coronel. "Orozco está libre porque una ONG de izquierda le ayudó a salir del país con tal de que atestiguara contra Uscátegui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión nacional e internacional, la condena del general que la del que verdaderamente había propiciado la masacre", dijo Petro.

El abogado Eduardo Carreño, del Colectivo, quien defiende a las víctimas de Mapiripán, le dijo a SEMANA que desconoce la grabación en la que Orozco menciona a esa corporación sobre las gestiones para salir del país. Carreño señala que "el Estado fue incapaz de garantizar la seguridad del coronel Orozco, el único militar que advirtió por escrito sobre la masacre. Por eso intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas de protección. Y es al Estado al que le corresponde hacer lo posible para traerlo".

Hasta ahora no se ha emprendido ninguna gestión para ese cometido. Lo más paradójico es que, en 2005, Colombia fue condenada por la misma Corte Interamericana por la masacre de Mapiripán. Pero Orozco, uno de los protagonistas del maridaje de la fuerza pública y los paramilitares, pasa sus días en Miami. Luce un impecable uniforme, tiene carros y un cómodo domicilio. De día trabaja como agente de seguridad en un condominio y por las tardes sale en su bicicleta a dar paseos por su vecindario para estar en forma.

Dh Colombia

FISCALIA CAPTURÓ A UN TENIENTE CORONEL Y DOS MAYORES POR LA PLANEACION Y EJECUCION DE LA OPERACIÓN DRAGON

DhColombia [octubre 3 de 2011] La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del Teniente Coronel ® Julián Villate Leal, y los Mayores ® Marco Fidel Rivera, Hugo Abondano Mikan (dueño de la empresa de vigilancia Seracis) y Huber de Jesús Botello (Gerente de la empresa Consultoría Integral Latinoamericana). A todos les imputó el delito de concierto para delinquir agravado por lo que se conoció como la Operación Dragón que consistía en la realización de acciones clandestinas contra la vida e integridad personal de Directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali – SINTRAEMCALI<http://www.voltairenet.org/Un-Dragon-en-la-Casa-de-Narino>, la defensora de Derechos Humanos y Representante de Nomadesc BERENICE CELEYTA ALAYON<http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2077> y el Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, ALEXANDER LOPEZ MAYA<http://www.alexanderlopezmaya.com/>, entre otras.

En la misma decisión, la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Carlos Alfonso Potes Victoria y el Coronel ® Germán Hernando Huertas Cabrera argumentando que no existían en el momento elementos de prueba suficiente para ordenar su detención.

Respecto a las personas que fueron objeto de medida de aseguramiento, la Fiscalía precisó: “los imputados desarrollaron su propósito ilegal de hacer inteligencia a los miembros de la junta directiva de SINTRAEMCALI, a su asesor político el Dr. ALEXANDER LOPEZ MAYA y la asesora en derechos humanos BERENICE CELYTA (sic) para, entre otras cosas, desplegar campañas de deserción del sindicato y hasta atentar contra la vida de los miembros de la junta directiva y la de los asesores”. Así mismo, puntualizó: “esas personas representan un peligro para la sociedad”.

Recientemente, sobre este mismo caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que existía “información sugestiva de hostigamiento por parte de personas vinculadas con las Fuerzas Militares a líderes sociales del Departamento del Valle<http://www.dhcolombia.info/spip.php?article220>, a través de seguimientos, vigilancias, amenazas, etc. [que] ponen en evidencia una suerte de persecución sistemática”[1].

A pesar de lo anterior, la Fiscalía argumentó: “Sin embargo, como estas personas se han mostrado dispuestas a comparecer ante la justicia, considera esta Delegada que basta con que se les restrinja la circulación para que se logre la finalidad de proteger a la sociedad y entonces procede la sustitución de la medida de detención preventiva por la de detención domiciliaria, pues al estar confinados en su residencia, contribuye a su resocialización, a la vez que protege a la comunidad”[2].

La Defensora de Derechos Humanos Berenice Celeyta se pronunció indicando que “causa estupor que solo después de siete (7) años se produzca una primera decisión, pero más aún que se diga que estas personas constituyen un peligro para la sociedad, pero a renglón seguido se considere que los mismos se resocializaran y se protegerá a la sociedad, enviándolos para sus casas. La sensación que queda, es de impunidad y desprotección”.

Por su parte Jorge Iván Vélez, Presidente de Sintraemcali indicó “Estas persecuciones a los dirigentes de nuestra organización sindical con más de 73 años de lucha, se dio mientras SINTRAEMCALI se oponía a los diferentes intentos por materializar la privatización la principal empresa del suroccidente colombiano, EMCALI EICE ESP”.

Sobre la actuación de la Fiscalía, el abogado de las víctimas Jorge Molano precisó que “La decisión de ordenar la detención domiciliaria de quienes se han propuesto atentar contra los derechos a la vida, libertad e integridad personal de dirigentes políticos de oposición, defensores de derechos humanos y sindicalistas, desconoce el derecho-garantía de no repetición de estos crímenes, a su vez, que deja dudas de la voluntad de proteger a los mismos. Parte de quienes conformaron esta empresa criminal permanecen cobijados por un manto de impunidad. Interpondremos los recursos pertinentes, tanto de apelación, como la comunicación inmediata a la OIT y la CIDH”.