La Casa de la Mujer como organización feminista y antimilitarista rechaza la decisión del gobierno de prestar el territorio nacional para la instalación en las bases militares de las Estrategia Norteamericana de lucha contra el narcotráfico |
Consideramos que la decisión del gobierno nacional es inconstitucional y viola la soberanía nacional y el principio de autodeterminación, bases de las relaciones internacionales de Colombia. La Constitución Política autoriza solamente el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional y siempre que exista previa aprobación del Senado de la República, como reflejo del necesario control de poderes de la democracia. La decisión del gobierno nacional omite la orden constitucional al invitar a tropas extranjeras a permanecer en territorio nacional y también desconoce la aprobación que debe pedir al Senado de la República, por tanto es un acto violatorio de su obligación de obediencia a la norma nacional fundamental. Esta decisión pone en riesgo además el derecho a la paz del pueblo colombiano porque incrementa el desarrollo de acciones militares en territorio nacional y facilita el progreso de las mismas para ser realizadas en contra de países vecinos en aplicación del principio de autonomía que aplica el gobierno de los Estados Unidos, lo que convierte el territorio nacional en el centro de tensiones políticas con países vecinos de la región y por tanto altera las relaciones diplomáticas y económicas con dichos países. Vulnera los derechos a la vida e integridad de las mujeres colombianas al poner en riesgo sus vidas y sus cuerpos. La presencia de bases militares altera las dinámicas de la vida civil en el territorio colombiano y son conocidas las afectaciones que dicha presencia genera en las vidas de las mujeres por la ocurrencia de acciones violatorias de sus derechos y el desconocimiento de su dignidad. La militarización de la vida civil afecta de manera considerable a las mujeres por el cambio en las dinámicas sociales que genera la presencia de soldados extranjeros, la cual pasa directamente por los cuerpos de las mujeres y se convierte en un factor que exacerba las violencias en su contra, especialmente las violencias sexuales. Es conocida la ocurrencia de actos de violencias contra las mujeres perpetrados por soldados extranjeros y específicamente de soldados pertenecientes a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, acciones cubiertas por la impunidad al no ser juzgados por la normatividad interna de los países en los cuales se encuentran instalados y ser cubiertos por la justicia de los Estados Unidos que no da cuenta de la verdadera sanción social y política a las violaciones de los derechos de las mujeres perpetradas por sus soldados. Las acciones ya conocidas y realizadas por los soldados de los Estados Unidos de América mientras permanecen en países extranjeros contra las mujeres son: · Violación de las mujeres · Generación de redes de prostitución alrededor de las bases militares · Embarazos · Abortos forzados · Paternidades no reconocidas · Infecciones de transmisión sexual · Asesinatos de las mujeres Inmunidad no es impunidad, sin embargo, en el caso de delitos cometidos por militares norteamericanos en territorio colombiano, parece que sí. Recordemos el acontecimiento más escandaloso ocurrido en el interior de la Embajada estadounidense en Bogotá, cuando se descubrió que su agregado militar, el coronel James Hayet y su esposa, enviaban cocaína a través de la valija diplomática; la pareja fue enviada a su país donde sólo recibió sentencias simbólicas extramurales. La inmunidad diplomática también favoreció a dos militares norteamericanos implicados en la venta de munición a grupos al margen de la ley y a tres soldados estadounidenses que fueron sorprendidos en un avión que cargaba droga. En el caso concreto de violaciones cometidas contras las mujeres en Colombia cabe resaltar las denuncias que se encuentran vigentes en Melgar, Tolima de madres que aseguran que sus hijas fueron violadas por militares norteamericanos adscritos a la base militar de Tolemaida. Por lo anterior, La Corporación Casa de la Mujer hace un llamado al gobierno nacional para que se respete la Soberanía nacional y el principio de legalidad ordenado por la Constitución Política de Colombia, al Congreso de la República para que ejerza las funciones de control que le corresponden por mandato constitucional, a las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales para que rechacen abiertamente esta decisión y actuemos en conjunto para la protección de la soberanía pero especialmente la protección de la dignidad y los derechos de las mujeres colombianas. Casa de la Mujer
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