Bogotá, noviembre 12 de 2011

Comunicado de prensa

Es vergonzoso que un vocero del gobierno hable de "un marco normativo para la problemática de la violencia sexual contra las mujeres", cuando pesa sobre él una denuncia por dicho delito

Tomás Ernesto Concha Sanz, contratista del organismo internacional Usaid, que lo vinculó para apoyar el programa de Derechos Humanos del gobierno colombiano, es ahora investigado por el delito de abuso sexual contra Lina María Castro, una trabajadora del área de comunicaciones en la oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. La joven aseguró en su declaración que Concha la obligó a tener relaciones sexuales con la amenaza de hacerla perder el empleo si no accedía, y que venía abusando de ella desde diciembre de 2010.

Para la Casa de la Mujer es inadmisible que el gobierno colombiano haya enviado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos a un hombre sobre el cual recae una denuncia por abuso sexual, denuncia que se gestionó desde septiembre de 2011 y que a la fecha de la audiencia ante la CIDH ya se conocía.

Es reprochable que un hombre cuestionado por su proceder haya actuado como vocero del respeto a la dignidad, la vida y los derechos humanos de las mujeres, y que además de ello aún se mantenga en el cargo que le dio poder para asediar y abusar de una empleada que desde luego se encontraba subordinada ante la autoridad del alto funcionario.

Es además un abuso no menos grave que el gobierno colombiano exprese que de ser cierta la denuncia, pedirá que no se renueve el contrato de Tomás Ernesto Concha Sanz. Señor Presidente, estamos hablando de violencia sexual cometida contra una mujer, un delito que merece todo el rechazo social y una ejemplar condena. La Casa de la Mujer exige prontos resultados de la investigación, y mientras ésta transcurre, el retiro inmediato del funcionario. La doble moral parece ser una enfermedad cada vez más grave en nuestro país, mientras el gobierno aprueba campañas que trabajan por una vida libre de violencias para las mujeres, señala para los violadores castigos tan irrisorios como la simple cancelación de un contrato. ¿Será que el caso de, Lina María Castro, pasará a ser un número más que engrosa las altas cifras de impunidad en nuestro país?